 |
| Farallones del Citará |
Escrito por:
Eliana Marcela Gutiérrez L.*
PREOCUPACIÓN ANTE EL AVANCE DE PROYECTOS MINEROS
Ciudad Bolívar es un municipio que se encuentra ubicado en el suroeste antioqueño, entre las vertientes de la Cordillera Central y Occidental, conformada por el cañón del Río Cauca y la cuenca del Río San Juan, tiene una extensión de 285 km2, con una población aproximada de 27.918 habitantes, según las proyecciones de población municipales por área, DANE 2009[1].
Este municipio cuenta con tres corregimientos: Alfonso López, la Linda y San Bernardo de los Farallones, corregimientos con habitantes con una gran calidad humana, de territorios altamente productivos, ricos en agua y con una gran biodiversidad, llegándose a hallar en ellos especies endémicas de flora y fauna.
Al igual que en muchos municipios de esta subregión, los habitantes de Ciudad Bolívar, principalmente los pobladores de los corregimientos, ven con preocupación la presencia y llegada de proyectos mineros a sus territorios, preocupación que se acrecienta por la escucha de helicópteros que han sobrevolado la zona, y que según los pobladores, son helicópteros de empresas mineras; por la presencia de mineros que están explotando oro sin licencias y permisos correspondientes[2] y por la cantidad de solicitudes, contratos y títulos mineros otorgados en este municipio.
Según información concedida por la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, el municipio de Ciudad Bolívar cuenta múltiples solicitudes mineras, casi el 90% del territorio esta solicitado[3], y con cuatro títulos mineros[4], dos de ellos ubicados en el corregimiento de San Bernardo de los Farallones y relativamente cerca de la Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará, situación que ha generado una alerta en los habitantes del municipio, especialmente en los habitantes del corregimiento mencionado, quienes han venido realizando diversas actividades y procesos para defender su territorio.
Pero en ciudad Bolívar la alerta no es sólo por la presencia de mineros sin licencias y permisos. Desde hace varios años se conoce la existencia de dos licencias de exploración y tres contratos de concesión minera, las dos licencias están a nombre del actual alcalde de la ciudad de Medellín, Aníbal Gaviria Correa[5], para la exploración de oro, cobre y plata; uno de los contratos[6] es para exploración, montaje y explotación de cobre, oro y plata, cuyos titulares son la empresa Minera El Roble S.A. y el señor Guillermo Gaviria Echeverri[7] y los dos contratos restantes pertenecen a la AngloGold Ashanti en sociedad con Aníbal Gaviria Correa y la empresa familiar - Minera El Roble S.A-, “para la exploración, montaje y explotación de zinc, platino, molibdeno, oro y sus concentrados, plata y cobre”[8], en áreas que cubren los municipios de Ciudad Bolívar y El Carmen de Atrato, Chocó, municipio donde ya existe la mina El Roble, que explota cobre, oro y platino.
El Roble es la única mina que produce volúmenes representativos de cobre en el país, esta mina agrupaba capitales nacionales y japoneses, era propiedad de la firma Miner S.A, presidida por Guillermo Gaviria Echeverri y fue vendida a la firma estadounidense Atico Mining Corporation[9]. Según una habitante del municipio del Carmen, no hay claridad frente a la venta de esta mina, ni a lo que va a suceder en el municipio, pues se supone que el 90% hace parte de Atico Minig Corporation, pero el 10% no se sabe de quién es y no les dan información, por ello se está pensando realizar una audiencia pública en este municipio chocoano para que les den respuestas claras frente a la venta de la mina y lo que pasará en el territorio.
Existe una preocupación por una parte de la población de estos dos municipios, ya que si se inicia la explotación de estos cinco contratos mineros, que involucran al alcalde de Medellín y la empresa de su familia, afectaría una gran zona y podría verse en grave riesgo gran parte del territorio de los Farallones del Citará, territorio que fue declarado por la autoridad ambiental como una Área Protegida, y que además hace parte de un gran ecosistema estratégico: el Chocó biogeográfico.
El Chocó Biogeográfico es un gran corredor natural que se extiende desde lo que se conoce como la Provincia del Darién en Panamá, cruzando por todo el occidente colombiano –Golfo de Urabá, valle medio del Río Magdalena y sus afluentes Cauca-Nechí y San Jorge-, el noroeste de Ecuador, terminando en el extremo norte del Perú. Esta extensión territorial cuenta con una gran variedad de ecosistemas: bosques secos, bosques inundables, bosques húmedos y nubosos, manglares, ciénagas y páramos donde habita una amplia variedad de especies de fauna y flora nativas.
En Colombia en Chocó Biogeográfico tiene presencia en los departamentos de Córdoba, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y abarca una pequeña proporción del departamento de Antioquia.
Los Farallones del Citará, en el departamento de Antioquia, hacen parte de los escarpes montañosos que se integran en este corredor natural, es allí donde nace el Río Atrato, uno de los ríos más caudalosos del mundo, a la vera de su cauce habitan infinidad de especies de plantas, mamíferos, aves, anfibios, etc. y pueblos que van tejiendo su vida alrededor del río y de todo lo que este les provee, pueblos de acentos diversos, pueblos negros, indígenas y mestizos, lo que hace que este territorio sea un hábitat de gran riqueza natural, étnica y cultural.
La posición geoestratégica de este corredor hace que gobiernos de turno, empresas nacionales, trasnacionales y personas particulares pongan sus ojos y sus intereses en él, para extraer y explotar sus recursos naturales; explotación maderera, explotación de minerales como el platino son algunos de los ejemplos, y todo esto sumado a la problemática de violencia que se ha generado con el devenir de los años, con la presencia de grupos armados legales e ilegales y que se insertan a esta, ya histórica, lógica extractivista[10] y que pone en peligro a esta región
UNA RESERVA EN PELIGRO
Ciudad Bolívar hace parte de los municipios que cuentan con un porcentaje territorial de esta gran zona protegida y que según la Ley 99 de 1993, fue declarada como “Área de Reserva Natural”, denominada específicamente como Reserva Natural Farallones del Citará, teniendo una extensión de 46.625 ha.
Los demás municipios que comparten esta área de reserva natural son: Andes y Betania en el departamento de Antioquia, el Carmen de Atrato en el departamento de Chocó y Mistrató en el departamento de Risaralda.
Para el municipio de ciudad Bolívar corresponde una extensión de 18.904 ha y hace parte de las áreas de reserva de carácter regional declaradas por CORANTIOQUIA, denominada Reserva Forestal Farallones del Citará. Los Farallones son formaciones geológicas que presentan zonas de nacimientos de agua, valles, lagunas y cimas escarpadas con alturas que pueden ir desde los 2.500 a 4.014 m s n m, además cuentan con una alta diversidad biótica y un gran valor ecosistémico.
La inminente presencia de mineros informales, las solicitudes, concesiones y títulos mineros en el municipio de Ciudad Bolívar han encendido las alarmas, especialmente porque varias de las solicitudes para explotación minera están sobre la zona de Reserva Natural Farallones del Citará, es por ello que la comunidad, como una de las alternativas para proteger y blindar el territorio, le solicitó a CORANTIOQUIA, desde agosto de 2013, que realice los estudios, acuerdos y categorizaciones correspondientes para que la Reserva pase a ser un Parque Regional Natural.
FARALLONES, TERRITORIO SAGRADO
Cerca de esta área de Reserva, en la vereda La Sucia, se encuentra el resguardo indígena Hermenegildo Chakiama, de la etnia Embera Chami, con una extensión territorial de 118 ha y una población aproximada de 274 indígenas, integrados en 64 familias. Los miembros de esta comunidad han manifestado que su territorio está en amenaza, ya que muy cerca de su resguardo hay un contrato de concesión minera - L1105005[11]-, que está poniendo en riesgo su territorio, su cultura, su identidad y toda su cosmogonía. Esta comunidad no ha tenido procesos de consulta previa, ni consentimiento previo libre e informado, y aun así ha sido incluida en los polígonos de licencia, lo que genera una grave violación del Convenio 169 de la OIT y a su autonomía sobre su territorio.
Según la información que aparece en los Reportes de Anotaciones de la Agencia Nacional de Minería[12], los derechos del contrato que está cerca del resguardo indígena, fueron cesionados por parte sociedad Mineros S.A. al señor Juan Guillermo Vélez Velásquez, muy cerca a este contrato aparece otro, el JBT-10081, ubicado sobre el mismo corregimiento y al igual que al anterior, los derechos fueron cesionados de la sociedad Mineros S.A. a la señora María Patricia Uribe Puerta.[13] Las personas de la comunidad no tienen claridad sobre estos contratos, y aunque no se han iniciado procesos de explotación, los miembros del resguardo creen que el riesgo es inminente.
Para esta comunidad Los Farallones son un punto de referencia ancestral de la comunidades indígenas del Chocó, del suroeste antioqueño y Risaralda, ya que es habitado por los Jais que son los espíritus de las aguas, de las plantas, de la tierra, y si se explota el territorio se generaría un gran desequilibrio de la vida.
La Comunidad indígena del Resguardo Hermenegildo Chakiama ha manifestado que la minería no trae el desarrollo, lo que trae es destrucción y que para los gobiernos internos de este país, los pueblos indígenas se han convertido en un estorbo para la ejecución de sus intereses y proyectos y que cuando hablan de desarrollo están hablando de extermino de pueblos afrodescendientes e indígenas.
Como se mencionó, en el municipio existen cuatro contratos mineros registrados en los mapas de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, dos de ellos ubicados en el corregimiento San Bernardo de los Farallones y los dos restantes se ubican cerca o en los límites territoriales del municipio: JAS-08051, cuyo titular es la Corporación Minera de Colombia S.A.S.[14] y el H7539005, que se extiende en diversas áreas de los municipios de Tarso, Pueblorrico e Hispania.
Mapas otorgados por la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia. Elaboración propia
ACCIONES DE LA COMUNIDAD
Diversas han sido las acciones realizadas, por parte de la comunidad del municipio de Ciudad Bolívar para proteger su territorio, para seguirle apostando a la defensa del patrimonio ambiental y cultural y para reafirmar que su vocación territorial es agrícola y que no quieren que sea transformada abruptamente hacia una actividad de destrucción minera.
Ciudad Bolívar cuenta con comunidades comprometidas que han conformado dos mesas ambientales, la Mesa Ambiental de Ciudad Bolívar, integrada por habitantes del casco urbano y la Mesa Ambiental de Farallones, integrada por campesinos, indígenas y personas de las diversas veredas del corregimiento de San Bernardo de los Farallones. Ambas mesas trabajan conjuntamente integrando a más y más personas por medio de la realización de talleres, foros, boletines e informativos ambientales, caminatas de reconocimiento y cartografía territorial, jornadas de reforestación de las riveras en las cañadas y quebradas, reuniones en las veredas con miembros de las Juntas de Acción Comunal y la comunidad, video foros, actividades culturales y artísticas, marchas carnavales, denuncias ante las autoridades competentes de las incursiones de mineros ilegales en el territorio, entre otras.
Estos procesos de las mesas ambientales buscan que los jóvenes sean actores activos en la defensa del patrimonio territorial, hídrico, social y cultural del municipio, es por ello que gran parte de las actividades están integradas por estudiantes, quienes discuten y proponen alternativas hacia la protección de su territorio.
Otra de las apuestas de los defensores del territorio en este municipio, es sumarse a las iniciativas que se han venido consolidando en el suroeste antioqueño, como son las Escuelas de Sustentabilidad y el proceso del COA. Las Escuelas de Sustentabilidad son “espacios de encuentro de los diferentes procesos organizativos y comunidades de la región, propiciando el diálogo, la investigación, la generación de conceptos y la reflexión en escenarios de construcción colectiva y mediante estrategias participativas y pedagógicas populares”[15], estos encuentros se realizan periódicamente en diversos municipios del suroeste antioqueño y que son apoyadas por la organización ambientalista Censat Agua Viva en horizontal construcción y tejido con el proceso de defensa territorial que se ha promovido desde el COA[16] – Cinturón Occidental Ambiental – que articula habitantes, organizaciones, colectivos, comunidades indígenas, campesinas, entre otras, de los municipio de Jardín, Andes, Pueblorrico, Tarso, Jericó, Támesis, Valparaíso y Caramanta.
Las Mesas Ambientales de Ciudad Bolívar y Farallones, en unión a la comunidad le han exigido a los concejales y a la administración municipal que deben sentar una posición política clara y estructural frente a la problemática minera y la defensa territorial en el municipio.
CABILDO ABIERTO: POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL. NO A LA MINERÍA
El cabildo abierto es uno de los mecanismos de participación ciudadana, que permite a los ciudadanos ejercer su soberanía. La Ley 134 de 1994 es el estatuto con el que se dictan las normas sobre los mecanismos de participación ciudadana, donde: "el Cabildo Abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad".[17]
Es así como las mesas ambientales, la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Farallones acogieron este mecanismo para convocar[18] a un cabildo abierto y así poner en discusión diversos tópicos y propuestas en torno a la problemática territorial que se están presentando en el municipio frente al tema minero. Este cabildo abierto se realizó el día 22 de febrero del año en curso, en la Institución Educativa San José de Citará.
En este espacio de participación ciudadana estuvieron presentes los concejales y diversos funcionarios de la administración municipal, integrantes del Cinturón Occidental Ambiental – COA- y de CODEATE, la Guardia Indígena del resguardo Hermenegildo Chakiama, un abogado ambientalista, funcionarios de CORANTIOQUIA y por supuesto representantes de las mesas ambientales y de la comunidad quienes, a cada uno de los representantes de las entidad ambiental y de la administración, plantearon preguntas específicas en torno a la problemática minera y expusieron propuestas claras para continuar en la defensa del patrimonio territorial, ambiental y cultural del municipio.
Después del saludo del presidente del Concejo municipal, los funcionarios de CORANTIOQUIA plantearon que se están realizando los estudios y avances correspondientes ante la solicitud de la comunidad: que los Farallones del Citará sean recategorizados y declarados como Parque Regional Natural.
La Corporación ambiental está en un proceso de negociación con el Instituto Von Humboldt con el objeto de firmar un convenio en el cual se solicite actualizar el plan de manejo, la condición ecosistémica y la redefinición del área protegida en los Farallones del Citará. El Instituto Von Humboldt será el encargado de redefinir el área de acuerdo a los estudios realizados, estudios y proceso que deberán adelantarse después de la ley de garantías.
Luego de los planteamientos de CORANTIOQUIA, la comunidad, en vocerías de los representantes de las mesas ambientales y del gobernador del Resguardo Indígena Hermenegildo Chakiama sentaron sus posiciones y plantearon propuestas claras y concretas al concejo para la defensa del territorio y del patrimonio ambiental y cultural del municipio de Ciudad Bolívar, varias de las propuestas fueron:
1. La defensa de los bienes comunes no es sólo una responsabilidad de la comunidad, requiere ser uno de los principales compromisos de quienes son elegidos para representar al pueblo, es necesario que se establezcan políticas públicas donde los bienes comunes sean prioritarios a los intereses privados.
2. CORANTIOQUIA debe asumir con responsabilidad el compromiso de realizar la gestión correspondiente para que la Reserva Natural Farallones del Citará pase a ser un Parque Regional Natural, como una de las alternativas para proteger y blindar el territorio ante la avanzada de la locomotora minero energética. El Plan de Ordenamiento Territorial también debe incluir las áreas protegidas, de acuerdo a los estudios y las declaraciones realizadas por la corporación ambiental y los entes correspondientes.
3. El territorio debe construirse desde la perspectivas de las comunidades, estableciendo y fortaleciendo los sistemas productivos que diversificados y que no sean los monocultivos la base económica del territorio, se propone así la consolidación de sistemas de producción agroecológica en los diversos corregimientos del municipio que vayan ligados a propuestas de turismo ecológico en la región.
3. Realizar una CONSULTA POPULAR[19], donde sea la comunidad quien decida el uso del suelo en el territorio. La propuesta de Consulta popular fue planteada por la comunidad ante el concejo municipal, hace más de un año, pero que aún no ha tenido un avance significativo, pero debe retomarse y darle el estudio y labor necesaria, con procesos de concientización y trabajo en las comunidades.
Este tipo de iniciativa también se está planteando para los municipios de Támesis y Pueblorrico, desde la articulación del COA –Cinturón Occidental Ambiental-
4. Revisión del Plan de Desarrollo del municipio, que se consolide el apoyo a los campesinos, su vida, su cultura y su producción como componente de la autonomía territorial y de la soberanía alimentaria.
5. Que los Farallones sean declarados como territorio sagrado por ser punto de referencia ancestral de la comunidades indígenas del Chocó, del suroeste antioqueño y Risaralda, ya que es habitado por los Jais que son los espíritus de las aguas, de las plantas, de la tierra.
El cabildo abierto también contó con la presencia del ex alcalde del municipio de Andes, el señor Jaime de Jesús Arbeláez quien compartió la experiencia que se llevó a cabo en su municipio para la aprobación de un acuerdo municipal que blindaba el territorio frente a la minería; este acuerdo es el No. 010, aprobado en el mes de mayo del año 2013, acuerdo que tuvo como precedente los procesos realizados en los municipios de Támesis, Urrao y Jardín Bolívar, municipios donde se aprobaron acuerdos municipales para proteger el territorio frente a la exploración y explotación masiva de minerales, pero que fueron demandados por la Gobernación de Antioquia, quienes indicaban que estos iban en contra de las normas legales.
Ante esta situación el ex alcalde del municipio de Andes y miembros de la Mesa Ambiental de este municipio, decidieron cambiar los términos, no prohibiendo la minería pero si utilizando un lenguaje que les permitiera blindar el territorio, y que la Gobernación de Antioquia no tuviese posibilidad de demandar el acuerdo. El Acuerdo 010 hace referencia al patrimonio hídrico del municipio, declarándolo “de utilidad pública y patrimonio natural, prohibiéndose el establecimiento de cualquier actividad o vertimiento contaminante o peligroso para la salud humana, animal o que sea perjudicial al medio ambiente…”[20]
Estas experiencias sirven para avanzar en los procesos en el suroeste antioqueño, ya que como indicó el ex alcalde de Andes, “no es solo la minería la que nos amenaza, en pleno farallones hay destinadas 700 ha para ser deforestadas y a cambio de los árboles nativos sembrar monocultivos de pino para establecer una actividad económica privada.”
Según el ingeniero químico, León Henao, quien también participó del Cabildo, en el municipio de Ciudad Bolívar existen 14.110 ha entre títulos y solicitudes mineras, 1.200 ha con licencia de exploración, hasta la fecha no se han entregado más títulos mineros por parte de la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia, pero si hay solicitudes en casi todo el municipio. Este ingeniero también indicó que para el municipio de Ciudad bolívar no hay aún concesiones de agua para minería, lo cual puede ser un aspecto a favor y que debe ser aprovechado por la comunidad para proteger las fuentes de agua.
El señor Henao da cuenta que existe una gran preocupación por parte de quienes vienen liderando procesos de defensa territorial, ya que en la Secretaría de Minas no será posible solicitar información en torno a los proyectos mineros que se vayan a ejecutar en el territorio, ahora la información necesaria ha de ser solicitada ante el Ministerio de Minas, lo cual puede generar retrasos para adelantar acciones necesarias en el suroeste, además que centraliza todas las decisiones que se puedan tomar sobre el territorio en Bogotá.
Para dar fin a este cabildo abierto los concejales y la vocera delegada del alcalde se pronunciaron, la voz unánime de No a las prácticas que contaminen el medio ambiente, No a la minería y por la defensa territorial resalto en todas las intervenciones, sólo habrá que esperar que su voz sea tan clara como sus acciones y que en la promoción del desarrollo de este municipio, que en las decisiones políticas que se tomen la voz de la comunidad tenga real incidencia.
Lo que está sucediendo en Ciudad bolívar, frente a las problemáticas que se derivan de la llegada de las economías extractivistas, no es un hecho aislado, es una situación que se está presentando en todos los municipios del suroeste antioqueño y en casi todas las regiones de Colombia. Es por ello que las diversas comunidades de esta subregión se han venido articulando, uniendo para así defender la autonomía territorial, el buen vivir, las prácticas agrícolas tradicionales y declarar como Territorio Sagrado y libre de minería a gran parte de esta subregión.
Corregimiento de San Bernardo de los Farallones. Ciudad Bolívar
COA presente en el Cabildo Abierto en Ciudad Bolívar
BIBLIOGRAFÍA
·
Artículo virtual - Espectador, abril de 2012.
Las pruebas del caso Guillermo
Gaviria Echeverri. Obtenido en:
El empresario Guillermo Gaviria Echeverri ha sido investigado por
la Fiscalía, por concierto para delinquir para
financiar grupos al margen de la ley, en particular, a los paramilitares de las
AUC en la región del Urabá Antioqueño. Ver artículo virtual -
Espectador, abril de 2012. Las pruebas del caso Guillermo Gaviria Echeverri. Obtenido en:
